España ha puesto fin al anonimato en los cajeros de criptomonedas y ampliado el control sobre los flujos de fondos, según el Real Decreto 813/2026 publicado hoy en el BOE. La normativa obliga a comprobar la identidad del cliente en cada operación, sin ningún umbral de exención, y aplica la misma exigencia a envíos de dinero, notarios y entidades sin fines de lucro. El DNI digital queda reconocido como documento válido para ciudadanos españoles y los datos de identificación electrónica deben conservarse diez años. Además, las plataformas de juego deberán verificar la titularidad del medio de pago en los próximos seis meses, prohibiendo retiros de premios si la verificación no se realiza. En el ámbito notarial, desaparece la exención para actos sin contenido patrimonial, obligando a la identificación en todas las operaciones ante notario. Estas medidas buscan estrechar el control sobre el flujo de fondos, combatir la evasión fiscal y prevenir el lavado de activos, marcando un hito en la regulación cripto en España.